La crisis de Ceuta se ha convertido en una maraña en la que el Gobierno, lejos de ver la luz al final del túnel un mes y medio después del salto fronterizo, se enreda cada día más. La desclasificación de documentos con la que el Ejecutivo esperaba retomar la iniciativa y demostrar que no fue advertido de la amenaza a la integridad territorial en la que unos 80.000 inmigrantes irregulares irrumpieron en la ciudad desde Marruecos, ha terminado desatando una guerra abierta en la Delegación que va mucho más allá de las repercusiones políticas. Los cargos involucrados en la gestión de la crisis tienen muy presente la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional.
