La polémica por la presunta operación de agentes de la CIA de Estados Unidos en Chihuahua ha dado un vuelco y en la caída ha sacudido la política nacional. El asunto es uno de esos problemas poliédricos con varios frentes de conflicto: de México con Washington por la violación a su soberanía nacional, del Gobierno federal con Chihuahua por abrir la puerta a fuerzas extranjeras sin autorización, de Morena con el PAN —que gobierna el Estado— por su falta de patriotismo… La historia tuvo este fin de semana una derivada inesperada: la Administración de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, ha arrestado al exfiscal estatal César Jáuregui, un viejo aliado de la mandataria, también panista, al que responsabiliza de la espinosa colaboración con la agencia estadounidense de inteligencia y espionaje. El giro muestra las fisuras en el PAN, que se había mantenido sólido ante las presiones del oficialismo, empeñado en apuntalar la acusación de que el caso reviste un acto grave de traición a la patria.
