La solicitud fue turnada al Congreso del estado, que deberá resolver su aprobación y designar a un encargado del despacho mientras dure la separación del mandatario.
El movimiento ocurre luego de que autoridades estadounidenses hicieran pública una acusación en la que se incluye a Rocha Moya y a otros servidores públicos, lo que detonó un proceso de revisión por parte de autoridades mexicanas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado previamente que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas conforme a la legislación nacional, y que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la viabilidad de las acusaciones.
Hasta el momento, no se ha precisado la duración de la licencia ni quién asumirá el gobierno estatal, aunque se prevé que el Congreso local lo defina en las próximas horas.
El caso se desarrolla en un contexto de tensión diplomática, luego de que el gobierno mexicano insistiera en la defensa de la soberanía y en que no permitirá injerencias externas sin sustento legal.
