El Ejecutivo se ha puesto de nuevo manos a la obra con el texto del real decreto ley de vivienda que circuló en julio y que no logró los apoyos suficientes en las conversaciones preliminares para presentarlo en el Congreso. El borrador, de 69 páginas, incide en puntos muy diversos que afectan al mercado inmobiliario: desde la ley de arrendamientos urbanos a la ley del suelo, pasando por la de enjuiciamiento civil, la de haciendas locales y todo tipo de tributos que pueden penalizar o incentivar los arrendamientos. La diferente aproximación, casi filosófica, de los grupos políticos sobre los derechos y deberes alrededor de la propiedad de la vivienda, hace que algunas de sus visiones sean irreconciliables a la hora de conseguir una mayoría parlamentaria. Los puntos más candentes son precisamente la limitación a los desahucios —que algunos temen abra la puerta a la okupación—, la congelación de los alquileres, el uso de la fiscalidad o la flexibilidad en las licencias para acelerar la construcción de viviendas.
