Fuente del Departamento de Justicia estadounidense declaró al medio El Universal que los abogados de Inzunza se acercaron a las autoridades de EE.UU. por el motivo antes mencionados.
Explica dicha fuente que si un narcotraficante se entrega y ofrece información puede ser admitido en el programa de protección de testigos, pero también puede ser testigo cooperante, el cual es diferente.
El abogado internacionalista Jaime Ortiz explicó que en estos casos, los abogados mexicanos deben coordinarse con abogados federales de EE.UU., pues estos últimos son los únicos autorizados para tener diálogo directo con fiscales del Departamento de Justicia.
“En ese terreno, la figura del proffer agreement [acuerdo de oferta] se convierte en la pieza central: un documento donde el acusado ofrece información sustancial a cambio de beneficios legales”.
En Departamento de Justicia señala a Inzunza haber sido un enlace entre los líderes de la facción de “Los Chapitos” y Rubén Rocha Moya, quien el viernes pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa, a fin de no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades federales de México dijeron que las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas, pero aún así inició la FGR investigaciones.
¿Quién es Enrique Inzunza?
Enrique Inzunza Cázarez es senador de Morena, de mayoría relativa, representando al estado de Sinaloa desde 2024.
De 2021 hasta el 2024 fue el secretario general de Gobierno de Sinaloa en la actual administración de Rubén Rocha Moya.
En la acusación formal, los fiscales señalan que el funcionario fue partícipe de las reuniones entre Rubén Rocha y “Los Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, donde pactaron apoyo del Cártel de Sinaloa para la elección, así como entregar el control de la Policía Estatal al grupo criminal.
Los cargos son por narcotráfico y posesión de armas, configurados dentro de esa colaboración con el cártel, según la acusación formal.
Señaló a autoridades de Chihuahua
Un día antes de que fuera publicada la acusación estadounidense contra los diez funcionarios de Sinaloa, participó en el debate en el Senado, exigiendo que fueran sancionados la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y el entonces fiscal general de dicho estado, César Jáuregui.
Ello por vulnerar presuntamente la Constitución Política de México, derivado a la muerte de dos agentes de Estados Unidos en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara con dos agentes de la Fiscalía local.
