La apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum por reabrir la puerta al fracking en México ya no es un cheque en blanco. Tras casi tres meses de deliberaciones, el comité integrado por 54 especialistas a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y convocado por la mandataria para evaluar la viabilidad de la explotación de gas natural no convencional en el país, ha impuesto los primeros límites técnicos y ambientales al proyecto que la presidenta ha convertido en una de las mayores redefiniciones de la política energética heredada de Andrés Manuel López Obrador. El dictamen no solo descarta de manera definitiva la explotación mediante fracturación hidráulica en la cuenca de Tampico-Misantla, ubicada entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, sino que condiciona cualquier incursión en los yacimientos de Coahuila y Tamaulipas hasta que se demuestre previamente que hay agua salada suficiente para abastecer la actividad. Si ese recurso no existe, concluyen los expertos, la explotación simplemente no debe realizarse.
