La detención en Colombia de un juez mexicano por presunta colusión con el narcotráfico ha puesto de nuevo en el punto de mira al poder judicial mexicano, que no logra sacudirse la sombra de la corrupción. Luis Benítez Alcántara, juzgador penal a nivel federal, está acusado por Estados Unidos de haber cobrado un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la puesta en libertad en 2024 de Andrew Clark, la mano derecha del exatleta olímpico metido a narco, Ryan Wedding, quien se entregó a las autoridades en enero tras ser largamente buscado. El arresto de Benítez, que ejercía desde 2021 en la Ciudad de México, deja en evidencia todos los agujeros de la justicia en el país: por lo que sucede en el interior de la judicatura y por lo que no son capaces de detectar quienes se encargan de vigilarla.
