En los años 70 y 80, tiempos en los que solo los deportistas amateurs podían competir en los Juegos Olímpicos, en España y otros países occidentales se clamaba contra el “amateurismo marrón” del bloque soviético: deportistas que cobraban un salario como funcionarios del Estado, habitualmente como oficiales del ejército y se entregaban profesionalmente al deporte. Un convenio similar es el que, pasadas las décadas, vienen a reclamar ahora los deportistas olímpicos españoles en aquellos deportes –atletismo, remo, piragüismo, gimnasia…– en los que es imposible una relación profesional con sus clubes pese a que dedican un horario laboral completo a entrenamientos y formación, y son el orgullo nacional cuando brillan con himno y bandera en las grandes competiciones internacionales. Y no miran de refilón a un Telón de Acero ya inexistente, sino a un país tan cercano como Italia, en el que el Estado se ocupa de enrolarlos en el ejército y la policía para que tengan consideración de profesionales, coticen a la seguridad social la decena de años o así y tengan, como cualquier asalariado o autónomo, derecho a una pensión contributiva satisfactoria cuando se jubilen. Un derecho del que no gozan muchos, y lo reclaman.
